La administración del médico Jorge Iván Ospina ha colocado todos sus esfuerzos para controlar los 421 socavones donde se practica la minería ilegal en la zona urbana y rural de Santiago de Cali, dado que la minería en suelo urbano -de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial POT- está prohibida.

Aunque el control a estas actividades es competencia de la Secretaría de Seguridad y Justicia, de acuerdo a lo establecido en el Código de Minas, Ley 685 de 2001, en el área rural sí está permitida la actividad económica de explotación minera, de manera controlada, y ella es regulada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

De acuerdo a las circunstancias, otorgar licencias ambientales y vigilar los planes de manejo ambiental para velar por la protección de los recursos naturales involucrados, es labor del ente regional, por lo que no es competencia del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, hacer control ni seguimiento a temas de minería.

Es por ello que secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Coronel (RVA) Carlos Javier Soler Parra, viene adelantando operativos de implosión en las minas de El Socorro -zona occidental de la ciudad- con un comité técnico, para evitar que se continúe la explotación ilegal de oro en esta zona de los Farallones, donde una acción de tutela ordena el cierre de 19 socavones.

El propósito es contrarrestar la contaminación con mercurio en los cinco ríos de Cali que allí nacen y que son el recurso hídrico para abastecer a los caleños y parte del Valle del Cauca.

Las zonas más impactadas son San Pablo y La Candelaria (Farallones); El Encanto (Pance) donde hay 3.869 metros cuadrados afectados por la minería ilegal de oro; la vereda El Otoño (cuenca del río Pance), donde se registran 18 bocaminas; así como La Leonera y Pichindé, donde existen 36 sitios con cierta actividad minera.

La extracción minera es una de las actividades económicas que más impactos negativos genera en el medio ambiente, desde la contaminación del agua con mercurio, hasta la inestabilidad de los terrenos, la afectación del paisaje y el desplazamiento de animales y plantas de su hábitat natural.

Los planes de mitigación de impactos que sean recomendados por la autoridad competente para el tema, deben ser desarrollados por la empresa minera ya sea en el proceso de explotación o en la etapa de abandono y en los procesos de minería ilícita en el área rural deben ser ejecutados por el propietario del predio donde se desarrolla la actividad.

En la actualidad, el Dagma en conjunto con la CVC, el Ejército Nacional y Parques Nacionales Naturales de Colombia, apoya labores logísticas para el control de minería ilícita en los Farallones de Cali con el funcionamiento de un puesto de control de alta montaña a la altura del sector de Ventiaderos, desde donde se coordinan diversas acciones no solo contra la minería ilegal, sino también para evitar invasión a predios de interés ambiental.