La distribución de los recursos destinados a la protección ambiental del Valle del Cauca y el posible incremento de la sobretasa ambiental que pagan los contribuyentes de Cali encendieron las alertas del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), tras una sesión extraordinaria en la que se analizaron las implicaciones de la implementación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (AMSO).

Durante el encuentro, los integrantes del Consejo expresaron su preocupación por los efectos que esta figura podría tener sobre la inversión ambiental en el departamento, especialmente en los municipios que no hacen parte del área metropolitana.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que la nueva configuración podría afectar los recursos que actualmente se destinan a la conservación de las cuencas hidrográficas, la reforestación, la protección de la flora y la fauna, y el mejoramiento de la calidad del aire y del agua.

“Los recursos que iban destinados para el Valle del Cauca, para cuidar el medio ambiente, para cuidar nuestras cuencas, para reforestar, para cuidar nuestra flora y fauna, para descontaminar el aire, pero también para descontaminar el agua, esos recursos van a ser utilizados solamente por Cali y Jamundí”, manifestó la mandataria.

Toro también alertó sobre un posible aumento de la carga tributaria para los habitantes de Cali, relacionado con la sobretasa ambiental y su incidencia en el impuesto predial. Según explicó, el incremento podría representar una mayor presión económica para los contribuyentes.

Más de $158.000 millones en recursos ambientales, en discusión

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos durante la sesión tiene que ver con el impacto que la nueva figura podría generar en las finanzas de la CVC y en la continuidad de los proyectos ambientales que se desarrollan en el departamento.

El director general de la Corporación, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, señaló que los recursos provenientes de la sobretasa ambiental ascienden aproximadamente a $158.000 millones y representan más del 50 % de los ingresos corrientes de la entidad, así como cerca de la mitad de su inversión.

El funcionario recordó que, de acuerdo con el esquema de distribución que explicó durante la sesión, el 50 % de los recursos recaudados en Cali se invierte en la ciudad, mientras que el otro 50 % se destina al resto del Valle del Cauca.

“Si se invierte ese recurso solo para que se invierta en Cali y Jamundí, se pierde toda la inversión en los restantes 40 municipios del Valle del Cauca”, advirtió Suárez Gutiérrez.

La preocupación se extiende a los programas de conservación, restauración ecológica, protección de fuentes hídricas y trabajo comunitario que la CVC desarrolla en diferentes localidades del departamento.

Para Manuel Felipe Quintero Ceballos, alcalde de Sevilla y representante de los mandatarios municipales en el Consejo Directivo, la labor de la Corporación es fundamental para preservar los recursos naturales y garantizar inversiones ambientales en todo el territorio.

Por ello, insistió en la importancia de proteger la capacidad de gestión de la entidad y asegurar que los municipios continúen recibiendo el acompañamiento necesario para sus proyectos.

Cuestionamientos jurídicos a la conformación de la AMSO

La conformación del Área Metropolitana del Suroccidente también fue objeto de cuestionamientos por parte de la dirección de la CVC.

Suárez Gutiérrez aseguró que la Corporación ha promovido acciones legales contra el proceso, al considerar que existen aspectos que deben ser revisados, entre ellos el cumplimiento de los requisitos legales, la información suministrada a los ciudadanos y la consulta previa a las comunidades étnicas que podrían verse involucradas.

“Consideramos que es un área metropolitana que no cumplió con los requisitos de ley”, afirmó el director, quien también manifestó su preocupación por las posibles consecuencias económicas para los caleños.

El funcionario sostuvo que un eventual aumento de la carga tributaria debe analizarse con especial cuidado, teniendo en cuenta las dificultades económicas que afrontan algunos hogares y el proceso de recuperación que vive la ciudad tras el terremoto.